Ahora tenemos que evitar que se ejecute esta demolición simbólica que supone la apropiación del monumento por parte del Obispado», señala Antonio Manuel Rodríguez Ramos, miembro de la plataforma y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.
Manu Albert. Artículo publicado en El País Andalucía
Córdoba ha cimentado su propia imagen en la convicción de que es símbolo de la concordia entre culturas. Los siglos en que coincidieron en un mismo territorio cristianos, musulmanes y judíos han permeado en el imaginario colectivo una idea: que la urbe es sinónimo de tolerancia, convivencia y respeto entre culturas y religiones diversas. Y de alguna forma, el principal monumento de la capital, su gran Mezquita omeya, consagrada Catedral cristiana desde 1236, es el gran símbolo de esa unión. Pero desde hace unos años, hay intelectuales, historiadores y ciudadanos de a pie que alertan de la apropiación que el Obispado de Córdoba está haciendo del templo, criticando que se le niegue incluso su nombre de mezquita y se minimice el papel que los andalusíes jugaron en la construcción del enorme edificio.
A finales de 2013 se constituyó la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de todos, que exige la titularidad y gestión pública del monumento ante la «apropiación jurídica, económica y simbólica» por parte del Obispado de Córdoba. Su primera acción ha sido una campaña en change.org, que llevaba recogidas la tarde del sábado más de 67.000 firmas en apoyo a su manifiesto.
El escrito redactado por la plataforma es sencillo pero de un gran calado. Pide que el Obispado deje de emplear institucionalmente solo el término catedral para referirse a todo el monumento. También exige el reconocimiento jurídico de su titularidad pública. De ahí, se desprende que plantee una gestión pública a través de un patronato que, al estilo del que rige la Alhambra, garantice una gestión cultural y económica transparente. Por último, plantea la redacción de un código de buenas prácticas entre las Administraciones públicas, académicas, ciudadanas y la Unesco, para evitar acciones que perjudiquen tanto a la imagen del monumento.
No es un debate nuevo. De hecho, los conflictos entre el Cabildo, los obispos y los estamentos civiles de la ciudad se remontan siglos atrás. Y existen episodios clave, como el protagonizado en 1523 por el corregidor Luis de la Cerda, quien se opuso ferozmente —y respaldado por buena parte del cabildo municipal y los vecinos—, al inicio de las obras del crucero cristiano, ordenadas por el Obispado en pleno centro del recinto. Esa intervención fue la que terminó levantando la actual catedral. «En aquella ocasión llegó a plantearse que la Mezquita podía demolerse tal y como se había hecho en Sevilla para construir la Catedral, pero en Córdoba se evitó. Ahora tenemos que evitar que se ejecute esta demolición simbólica que supone la apropiación del monumento por parte del Obispado», señala Antonio Manuel Rodríguez Ramos, miembro de la plataforma y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.
Los objetivos que persigue este grupo de ciudadanos tienen una cuenta atrás. La contrarreloj comenzó en 2006 —cuando el Obispado inmatriculó como suya la Mezquita en el Registro de la Propiedad de Córdoba— y terminará en 2016. «Ese año, la Mezquita pasaría a ser propiedad plena del Obispado. Porque el documento que obtuvieron en 2006, merced a reforma del Gobierno de Aznar, no le da la propiedad en sí, solo una apariencia de propiedad. Pero si se mantiene diez años, se consolidará y pasaría a ser el propietario. Tenemos que evitarlo y reconocer que la Mezquita-Catedral es de titularidad pública», insiste Rodríguez Ramos.
El manifiesto de la plataforma se refiere siempre a la Mezquita con el acompañamiento del término catedral. Fue una de las conclusiones más simbólicas y definitorias de las metas que aspira alcanzar este grupo ciudadano. «Mezquita-Catedral es el nombre legal que por consenso eligió darle el pleno del Ayuntamiento al monumento. Y es el que debe aparecer», justifica otro de los portavoces de la Plataforma, el cristiano de base Miguel Santiago, profesor de instituto y antiguo coordinador andaluz de la Asociación Proderechos Humanos. «Lo que no se puede hacer es lo que el Obispado ha hecho, eliminando el nombre de mezquita de todos los carteles, las entradas, las guías y gestionando como le place un monumento que es Patrimonio Mundial», recuerda.
Fue hace justo 30 años cuando la Unesco le otorgó este título. Un reconocimiento que va más allá del plano histórico, artístico o patrimonial, pues destaca también su simbología como paradigma de la concordia entre las culturas. «Y eso es lo que podemos perder si dejamos que el Obispado termine de apropiarse de este símbolo», subraya Rodríguez Ramos. Por eso, después de acudir próximamente al Defensor del Pueblo Andaluz para pedirle que su oficina canalice sus peticiones a las instituciones, acudirán a la Unesco, al Parlamento Europeo y al Papa Francisco, si es necesario.
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