El pasado viernes se podía leer este titular en un periódico de cuyo nombre no quiero acordarme: “los 51,3 millones dados a los sindicatos descongelarían 205.000 pensiones”. He sido y seré crítico con el modelo de financiación pública a los sindicatos y partidos políticos en España. Pero de ahí a culparles de la congelación de las pensiones va un abismo. El titular de ese periódico es absurdo o maquiavélico. Estúpido o perverso. Admitiendo que pueda deberse más a la maldad premeditada que a la ignorante, utilizaré los mismos argumentos con otros datos para curar esta ceguera que tanto daño hace a los que quieren ver.

La visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela costará al contribuyente 3 millones de euros; a Barcelona, 1,8 millones; y el viaje a Madrid en agosto de 2011, unos 25 millones. Aunque el gasto total será justo el doble (no podemos contar los ingresos locales e indirectos), la visita del Papa supondrá para las arcas públicas un desembolso de 29,8 millones. Empleando la misma regla proporcional que con los sindicatos, el titular periodístico sería el siguiente: “los 29,8 millones dados al Papa descongelarían 119.083,8 pensiones”. Objetivo e incontestable. Con un matiz: la labor de los sindicatos es permanente en favor del fomento y protección del empleo; la visita del Papa sirve para compartir un fin de semana con sus feligreses en un Estado aconfesional.
Benedicto XVI en una de sus visitas a España

Por esa razón, quizá las cuentas comparativas más acertadas tendrían que tomar como referente la financiación pública de la Iglesia Católica en España. Partamos de dos premisas ecuánimes: primera, la misma injusticia se comete demonizando el trabajo diario de los sindicalistas que criticando la labor humanitaria de los cristianos de a pie (la Iglesia no es la jerarquía católica); y segunda, un Estado democrático no debería financiar a ninguna comunidad religiosa. Dicho esto, la Iglesia Católica recibe directamente de los PGE más de 6.000 millones de euros, a los que hay que añadir los casi 300 millones por el privilegio en el IRPF que no gozan otras confesiones ni organizaciones humanitarias laicas. No contamos su inmenso patrimonio legítimo, ni el adquirido de forma dudosa en virtud del polémico art. 206 de la Ley Hipotecaria. Ni los millones de euros impagados en IBI, IVA y otras exenciones fiscales consentidas por todos los gobiernos de España. Ni los ingresos clandestinos en concepto de donativos como las entradas a la Mezquita-Catedral de Córdoba… Aún así, el titular periodístico sería éste: “los 6.300 millones dados a la Iglesia Católica descongelarían 25.175.438,5 pensiones”. Dado que sólo hay 8.925.186 pensionistas, sobraría dinero para un total de 16.250.252 personas. Si se los diésemos a los 4.580.699 parados, además de solventar el problema más grave de España, todavía podríamos financiar a 11.669.553 personas. Por ejemplo, con una renta social digna, evitando desahucios injustos, financiando la ley de dependencia o con otras medidas sociales similares. Esas son las cuentas de la razón. 
Las que publicó aquel periódico son irracionales a pesar del nombre.