Sobre el recurso del gobierno central contra la ley andaluza sobre la función social de la vivienda: «Un recurso ante el Constitucional que lesiona gravemente derechos humanos no puede ampararse en fundamentos macroeconómicos que sólo favorecen a entidades bancarias. No es justo. Y si el derecho no es justo, para nada sirve el derecho.
LA leche es blanca no importa el animal que la produzca. La sangre es roja no importa el animal del que mane. Y sólo un animal sin sangre y con mala leche sería capaz de recurrir una norma que garantiza el derecho humano a la vivienda para favorecer el derecho inhumano a la riqueza inmobiliaria. Justo lo que ha hecho el Gobierno del Estado. He leído con estupor los argumentos del recurso y los documentos e informes que acompaña. Son fríos. Insensibles. Desalmados. Fáusticos. Llegan a decir que la ley andaluza pone en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero, la estabilidad de las entidades de crédito, la reducción de la prima de riesgo y la senda emprendida de crecimiento económico. Quiero creer que no se lo creen. Que todo es producto del maquiavélico juego de intereses en que consiste la política. Junto al odio, el único virus que enferma de ceguera la razón y el corazón. Hasta el extremo de no pensar ni sentir que al suspender esta norma lo único que ponen en verdadero peligro es la vida de las familias que desahucia.
Decía Schopenhauer que «la riqueza es como el agua salada: cuánto más se bebe, más sed da». A los dirigentes de los cinco grandes bancos del Estado les cuelga la lengua. De sed. Y de burla. Hacia nosotros, por supuesto. Los débiles que parasitamos de quienes nos parasitan. Gracias al rescate europeo que hemos pagado entre todos sin derecho a devolución, Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell, cuadruplicaron sus beneficios alcanzando los 7.674 millones de euros. Los suicidios también aumentaron el año pasado hasta las 3.539 personas, 815 mujeres. La primera causa de muerte entre los hombres de 25 a 34 años. A nadie escapa la estrecha relación que guardan los suicidios con la crisis económica. 2013 comenzó con la muerte de un hombre de 57 años ardiendo a lo bonzo en la entrada de un hospital de Málaga. Y terminó con la de un hombre de 55 años ahorcado en una nave de Rota. Los dos, amenazados de desahucio. Si cruzamos estas cifras con los balances de la avaricia bancaria resulta que por cada dos millones de euros se suicida una persona, y todavía les sobran 600 millones de beneficio. Los bancos ganan más de 21 millones de euros al día. Los que quizá necesitan las 9 personas que se suicidan en ese tiempo.
Un recurso ante el Constitucional que lesiona gravemente derechos humanos no puede ampararse en fundamentos macroeconómicos que sólo favorecen a entidades bancarias. No es justo. Y si el derecho no es justo, para nada sirve el derecho. La clave del recurso se esconde en las motivaciones jurídicas que puedan servir como pretexto serio y creíble a la resolución política del Tribunal. Si es que la hay. Porque la ley andaluza de la función social es constitucional debido a su enorme parecido formal y material con la ley de reforma agraria. El Gobierno del Estado lo sabe y por esa razón ha intentado huir de este peligroso precedente. Cuando los andaluces creíamos en las utopías, el Tribunal Constitucional admitió que podíamos legislar sobre la función social de la propiedad y que ello no suponía ninguna invasión en las competencias civiles vetadas a Andalucía por derecho de conquista. Fue un triunfo ganado a pulso en los surcos y en los despachos. Para después morir en los despachos y en los surcos. El riesgo de resucitar a las utopías enterradas, ha llevado al Gobierno a resucitar aquellas motivaciones con las que hace un cuarto de siglo atacó en vano la ley de reforma agraria. El mismo lobo disfrazado de caperucita. Pero esta vez el pueblo andaluz no está en pie de guerra. Ha dejado de creer en los cuentos. Y el daño puede ser irreparable.
Se necesitan soluciones. La vivienda es un bien jurídico. Y el derecho a la vivienda, un derecho humano. Esta ecuación jurídica debiera conceder al derecho a la vivienda la máxima protección a la altura de los derechos fundamentales. Desgraciadamente, no es así. Y ello se debe a la confusión de vivienda con inmueble y del derecho a la vivienda con el de propiedad. Ambos errores terminan otorgando al derecho de propiedad un rango que no merece y degradando la vivienda a simple objeto de un derecho. La ley andaluza ha intentado corregirlos en su estrecho margen de competencias vinculando la vivienda al derecho de posesión. Y no ha cruzado la línea de la inconstitucionalidad, aun a riesgo de reducir su aplicación práctica a casos muy concretos que para nada podrían poner en peligro nuestro sistema financiero. Por el contrario, el acto administrativo del Gobierno sí que atenta contra los derechos humanos de las familias amparadas por la ley andaluza en suspenso. Y habría que estudiar la forma de recurrirlo a Estrasburgo. Esa es la brecha. Antes que los bancos soliciten el amparo por la propiedad de sus inmuebles vacíos. Como sus almas. Y sus corazones. Para seguir llenando sus bolsillos.
Artículo publicado en El Día de Córdoba
